Para el PNUD la corrupción es “el mal uso del poder público o de la autoridad para el beneficio particular, por medio del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el nepotismo, el fraude, el tráfico de dinero y el desfalco”. Al ser la corrupción un fenómeno multifacético y multicausal, sus impactos sobre el desarrollo son demoledores. Además de que el ejemplo de las autoridades “valida” ante la ciudadanía un comportamiento que progresivamente destruye el fin primordial del Estado (el bien común), paralelamente: (i) exacerba la pobreza y desacelera el crecimiento económico, (ii) promueve el escalamiento de los conflictos y obstaculiza la consolidación de la paz; (iii) minimiza el efecto de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo; (iv) fortalece las redes de crimen organizado; (v) fomenta la violación de los Derechos Humanos; y (vi) deslegitima los sistemas democráticos debilitando sus instituciones.
Por ello, desde la década de los ochenta los economistas y analistas políticos han advertido que el flagelo de la corrupción representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo, así como un síntoma preocupante de debilidad institucional en los regímenes políticos. El combate a la misma, se convierte entonces en una labor prioritaria y en un asunto global que concierne a todos los países y, por tanto, a la ayuda para el desarrollo. Consciente de la relevancia de intervenir y apoyar las iniciativas anti-corrupción, por más de dos décadas, el PNUD ha estado trabajando en el mejoramiento de la gobernabilidad y el combate de la corrupción como una manera de garantizar el cumplimiento de las metas de desarrollo en el mundo.
A nivel regional y global se han desarrollado una serie de acuerdos y programas que apuntan hacia la complementariedad de los esfuerzos nacionales en materia anti-corrupción. Dentro de los principales instrumentos cabe resaltar la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, la Convención de la OECD para Combatir el Soborno de Oficiales Públicos Extranjeros en las Transacciones de Negocios Internacionales de 1997, la Convención de la Unión Europea para la Lucha contra la Corrupción de 1997, la Declaración de Johannesburgo para el Desarrollo Sostenible de 2002, el Consenso de Monterrey de 2002, la Declaración de París para la Efectividad de la Ayuda de 2005, el Protocolo de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo contra la Corrupción (SADC), la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, el Plan de Acción contra la corrupción de BAD y OCDE para Asia y el Pacífico, y las Convenciones de Derecho Penal y Civil del Consejo de Europa sobre Corrupción.
No obstante, la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupciónde 2005 se constituye en el instrumento global más importante desarrollado hasta el momento. Desde su promulgación ha sido ratificada por cerca de 140 países, sirviendo de “marco para la criminalización de los actos corruptos, la recuperación de activos, la cooperación internacional y la prevención de la corrupción”. En el marco de la implementación de las disposiciones contenidas en este tratado internacional, Colombia – con el liderazgo del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción-, ha participado de manera activa en el intercambio de experiencias relevantes en el ámbito latinoamericano y mundial, y en la generación de conocimiento especializado tendiente a buscar soluciones ante problemas comunes y cada día más sofisticados. En Colombia, la corrupción ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo. El fenómeno ha permeado a todas las esferas de la sociedad: la clase política, los empresarios y la ciudadanía en general. Según el Índice de Percepción de Corrupción 2009, ranking construido anualmente por Transparencia Internacional, Colombia ocupa la posición 12 en América Latina, por debajo de países del área como Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, Chile y Uruguay. A nivel mundial, Colombia ocupa la posición 75, cercana a países como Perú, Surinam, Brasil, y El Salvador.
Desafortunadamente, los múltiples y continuos casos de corrupción denunciados por los medios de comunicación, sin persecución y castigo aparente por parte de las autoridades han validado en el inconsciente colectivo de la sociedad al “atajo”, al “clientelismo”, a los “carteles de la contratación”, no solamente como prácticas normales por parte de los servidores públicos, sino “deseables” siempre y cuando haya resultados por parte de los gobernantes (Vg. la conocida frase de “roben pero hagan”). Diferentes investigaciones de cultura ciudadana demuestran que a una gran proporción de la población, la corrupción le parece uno de los problemas más importantes del país, pero solamente importa esta situación a muy pocos habitantes. Es así como por ejemplo, en la ciudad de Cartagena de Indias, el Diagnóstico de Cultura Ciudadana de 2009 reveló que el 86% de los ciudadanos piensa que más de la mitad de los funcionarios son corruptos y el 67% opina que más de la mitad de los ciudadanos también lo son. Sin embargo, pese a estos altos porcentajes de percepción de corrupción, solo un 25% de los ciudadanos encuestados rechazaría tener como vecino a alguien considerado corrupto.
A nivel subnacional, la debilidad institucional de las entidades públicas ha facilitado el nacimiento y la prolongación de los riesgos de corrupción. No ha existido en el país una política pública que se oriente a fortalecer la cultura de la legalidad en los servidores públicos, como tampoco un despliegue territorial de acciones de prevención de riesgos de corrupción, como tampoco de estímulos y difusión de buenas prácticas de visibilidad, probidad y rendición de cuentas de los gobernantes. Entonces, mejorar procesos como el acceso a la información pública, la contratación estatal, el control social, la gestión del recurso humano y la atención al ciudadano, tendrán una tasa de retorno económico y social altamente deseables.
Profesional con estudios de pregrado en Derecho, Ingeniería, Economía, Ciencia Política, Administración Pública, Sociología, Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales o áreas relacionadas. Estudios de postgrado en Administración Pública, Ciencias Políticas, Economía, Derecho, u otras ciencias sociales afines.
Experiencia laboral:
Experiencia directa y comprobada de cuatro (4) en organizaciones gubernamentales, sociales, académicas o del sector privado en temas de gobernabilidad. Experiencia comprobable de mínimo tres (3) años relacionada con iniciativas de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas
IMPORTANTE
Solo se considerarán las aplicaciones que contengan el Formato P11 firmado. Pueden encontrar el formato P11 en http://sas.undp.org/Documents/P11_Personal_history_form-es.docx
Naciones Unidas está comprometida en lograr la diversidad laboral al interior de su oficina en términos de género, nacionalidad y cultura. Individuos de grupos sociales minoritarios, grupos indígenas y personas con discapacidad están por igual alentados a aplicar. Todas las aplicaciones laborales serán tratadas con la más estricta confidencialidad.
Limite: 6-November-2013 Bogotá
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